Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

Pensaba en un título para este breve y rápido flash, un titular que anunciara el fin de una guerra, o al menos la victoria en una gran batalla. Ha hecho tanto daño la imposición de las tasas judiciales a las personas físicas (daño que, de momento seguirán irrogando a las PYMES) que es difícil darse idea de la sensación que causa la noticia en el sector jurídico. Por un lado la alegría de saber que desde el lunes ya no se verán cercenados los derechos de muchas personas, por otro el recuerdo de las incontables acciones y derechos que se han perdido para siempre por culpa de la ignominiosa tasa judicial.

Hoy toca celebrar, el lunes... dar unas cuantas buenas noticias a personas que estaban esperando esperanzadas, en los próximos días...

¿Y QUÉ SUCEDE CON LAS TASAS QUE ESTÁN PENDIENTES?

Algunas cosas quedan en el aire, por mi parte confío, estoy seguro, en que los Jueces y Secretarios Judiciales se alinearán para dejar sin efecto aquellas tasas que estaban en el aire o siendo objeto de recursos. Es cierto que la modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación y jurídicamente puede ser discutible establecer que sucederá con aquellas tasas que devengadas con anterioridad puedan estar actualmente siendo "requeridas" de acreditación o de pago, pues la tasa sí estaba entonces vigente. Yo sólo pido que en los próximos días los Tribunales y en especial los Secretarios Judiciales tomen partido, incluso de oficio, nos notifiquen que teníamos razón, que nuestras alegaciones iban por buen camino y que, sí, el requerimiento queda sin objeto porque la tasa ¡¡¡ HA SIDO DEROGADA !!!, es de Justicia. Pongamos de nuevo en marcha la máquina.

 

Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

Dos. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 el artículo 6.

Tres. Se modifica el párrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime el apartado 3 del artículo 7:

«2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala.»

Cuatro. Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4.»

 

 

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