boepapelDe acuerdo, salvo que hayas pasado los últimos días en una cueva ya sabes que el pasado sábado se publicó y ya está en vigor el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, lo que venimos denominando de forma transparente como "Ley de Tasas Judiciales". Sin perjuicio de que puedas encontrar análisis más fundados en derecho -este no tiene nada de jurídico- lo que más puede interesar ahora mismo es su "Disposición final séptima", relativa a la entrada en vigor, disposición que por su claridad meridiana parece redactada por el propio Ministro.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstante lo anterior, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que hubieran de liquidarse por personas físicas y por todos los sujetos pasivos en el caso de la presentación de los recursos contencioso-administrativos a que se refieren los números cuatro y seis del artículo 1, en el período comprendido desde el día siguiente a la publicación de este real decreto-ley hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se adapte el modelo 696 de autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, se liquidarán a partir de esta última fecha en el plazo de quince días hábiles, quedando en suspenso los procesos en el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidación por los sujetos pasivos, el Secretario judicial hará el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

En fin, podriamos intentar interpretar este texto, que rivaliza en calidad técnica con el mismísimo Código Civil, pero ¿para qué?

La idea es que, de momento y hasta que pasen 15 días desde que el Ministerio de Hacienda publique en el BOE la nueva Orden que habrá de modificar el Modelo 696, parece que no hay que liquidar las tasas por parte de LAS PERSONAS FÍSICAS, lo cual no deja de ser una buena noticia. Luego dejamos que el Secretario Judicial nos requiera, y bla bla bla... pongamos un mesecillo por lo menos.

En definitiva, entramos en una especie de "in carentia de 696 non fit mora" (vale, estoy improvisando de mala manera), pero ATENCIÓN, LAS PERSONAS JURÍDICAS han de seguir liquidando conforme al sistema aún vigente, tal y como se indica en la correspondiente página de la AEAT.

boepapelEl 17 de enero de 2013, mediante la publicación de EDICTO en el Boletín Oficial del Estado, El Pleno del Tribunal Constitucional ha notificado que por providencia de 15 de enero se ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 7208-2012, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 16 (en lo relativo al nuevo art. 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –21 de diciembre de 2012–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.

En consecuencia, desde la citada fecha de 17 de enero de 2013 ya no resulta exigible la tasa por "la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia" que contempla el artículo 16 de Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos dictada por la Comunidad Autónoma de Cataluña, e incorporada a un nuevo título, el III bis, del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

En fin, al final erré de plano cuando el pasado mes de noviembre llegué a considerar que el tema de las tasas judiciales estado/cataluña era un pacto entre amigos y que iban a convivir pacificamente.

Tras la Sesión del Congreso de Ministros de 11/01/2013 y la referencia al INFORME sobre el anteproyecto, ya ha comenzado a circular la última versión del ANTEPROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA antes conocido como Prince... bueno no, antes conocido como anteproyecto de ley de reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita que, según el Gobierno mejora en los siguientes puntos:

• Amplía el número de beneficiarios y se incrementan los umbrales de acceso y los colectivos que podrán acceder a este servicio.
• Se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva al asegurar que nadie deje de acudir a los Tribunales por carecer de recursos.
• El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el Salario Mínimo (14.910,28 euros) a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (15.975,33 euros).
• En familias de cuatro o más miembros la referencia pasa a ser el triple del IPREM (19.170,39 euros).
• Circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad tendrán cobertura con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950,65 euros).
• Las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados víctimas de abusos, tendrán derecho a la justicia gratuita independientemente de sus rentas.
• También las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.
• Se incrementan los controles para evitar abusos y fraudes 


UMBRALES DE ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA POR UNIDAD FAMILIAR

Importes anuales

 

UNIDAD FAMILIAR

 

UNA PERSONA

 

DOS MIEMBROS

 

TRES MIEMBROS

 

CUATRO MIEMBROS

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, FAM. NUM. 1ª

CLASE

Umbral de justicia gratuita actual

 

14.910,00 euros

2 veces el SMI

29.821,00 euros

4 veces del SMI

Umbral de justicia gratuita propuesto

 

12.780,00 €

2 veces IPREM

 

15.975,33 euros

2,5 veces el IPREM

 

19.170,39 €

3 veces IPREM

 

31.950,65 €

5 veces IPREM

VARIACIÓN

- 2.130,00 €

1.065,33 euros

4.260,39 €

2.129,65 €

 

 Importes mensuales

 

UNIDAD FAMILIAR

 

UNA PERSONA

 

DOS MIEMBROS

 

TRES MIEMBROS

 

CUATRO MIEMBROS

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES,

FAM. NUM. 1ª CLASE

Umbral de justicia gratuita actual

 

1.242,52 euros

2 veces el SMI

 

2.485,05 euros

4 veces del SMI

Umbral de justicia gratuita propuesto

 

1.065,00 €

2 veces IPREM

 

1.331,28 euros

2,5 veces el IPREM

 

1.597,53 €

3 veces IPREM

 

2.662,55 €

5 veces IPREM

VARIACIÓN

- 177,52 €

88,76 euros

355,01 €

177,5 €

peajeLey 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Publicada en el BOE de 21 de noviembre de 2011

Entrada en vigor: El 22 de noviembre de 2011, excepto el artículo 11 que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013

Pese a las protestas de la práctica totalidad de agentes del sector jurídico, finalmente ha sido publicada en el BOE de 21 de noviembre de 2012 la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Respecto a la normativa anterior, la nueva Ley viene a ampliar los supuestos objeto de gravamen, extender la condición de sujeto pasivo a las personas físicas y a todas las personas jurísicas y a aumentar de forma más que notable la cuota tributaria. Además incluye una disposición ad hoc que, según el apartado V del preámbulo, "permite la adaptación de la minoración" —esto sí que es retorcer el lenguaje de la paga extraordinaria de jueces, fiscales y cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, a tiempo para Navidad.

No vamos a entrar ahora en las graves consecuencias de esta nueva normativa, ni en la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva que pudiera implicar; en las últimas semanas se han escrito ríos de tinta y píxeles sobre ese tema, que encontraréis con una búsqueda sencilla y ya se ha anunciado que diversos grupos interpondrán recursos de inconstitucionalidad contra la misma.

La parte que nos interesa de la nueva Ley es la que regula la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Como decimos, las tasas ya existían, pero si antes afectaban exclusivamente a empresas que no fueran consideradas de "{tip Empresas de reducida dimensión son aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo anterior haya sido inferior a 8 millones de euros}reducida dimensión{/tip}", ahora afecta a personas físicas y jurídicas por igual, sin importar su cifra de negocios, si bien existen exenciones objetivas y subjetivas que es necesario consultar en el artículo 4, para evitar un pago indebido.

Los artículos relativos a las tasas judiciales son los que van del número 1 al 11, e indudablemente la Disposición final séptima, que establece la entrada en vigor de la norma. Para facilitar el acceso rápido y directo a los distintos apartados hemos preparado el siguiente esquema desplegable.

{slide=Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa|closed}

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles. [En consecuencia, las tasas judiciales estatales y la autonómicas se aplicarán simultáneamente salvo que graven el mismo hecho imponible. Suponemos que surgiran importantes dudas en Cataluña, puesto que existe identidad en algunos hechos imponibles, dandose también supuestos curiosos y contradictorios, como el de los procesos de ejecución de títulos judiciales, donde la tasa estatal grava "la oposición a la ejecución" mientras que la tasa autonómica grava "la demanda de ejecución", por tanto, en Cataluña pagará tasa tanto el ejecutante como el ejecutado que se oponga a la ejecucíón]

{slide=Artículo 2. Hecho imponible de la tasa}

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

  • a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
  • c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
  • d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
  • e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
  • f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
  • g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

{slide=Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa}

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

{slide=Artículo 4. Exenciones de la tasa}

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

  • a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
  • b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
  • c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
  • d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
  • e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicara esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  • f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

  • a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
  • b) El Ministerio Fiscal.
  • c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
  • d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

{slide=Artículo 5. Devengo de la tasa}

1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales:

  • a) Interposición del escrito de demanda.
  • b) Formulación del escrito de reconvención.
  • c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.
  • e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.
  • f) Interposición del recurso de apelación.
  • g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
  • h) Interposición del recurso de casación.
  • i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:

  • a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.
  • b) Interposición del recurso de apelación.
  • c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación. [Es importante recordar que hay una exención del 60% para los trabajadores]

{slide=Artículo 6. Base imponible de la tasa}

1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.
2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.
3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior. [Parece un poco reiterativo, si tenemos en cuenta el artículo 3.1]

{slide=Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria: TABLA DE TASAS JUDICIALES|green}

1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la
cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil: 

  

 

Verbal

y cambiario

  

 

Ordinario

Monitorio, monitorio europeo

y demanda incidental

en el proceso concursal

 

Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulosjudiciales

 

 

Concurso necesario

 

 

Apelación

 

Casación y extraordinario por infracción procesal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1200 €

 

Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso
ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio. 

En el orden jurisdiccionalcontencioso-administrativo: 

Abreviado

Ordinario

Apelación

Casación

200 €

350 €

800 €

1200 €

 

 

En el orden social:  

 

Suplicación

Casación

 

 

500 €

750 €

 

 

 

 

2.  Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo
a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

 

De

A

Tipo

Máximo variable

 

0

1.000.000 € Resto

0,5 %

0,25 %

 

10.000 €

 

{slide=Artículo 8. Autoliquidación y pago}

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda. [Este apartado es de vital importancia]

3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento. Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos. [Es la nueva figura del "delator"]

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una solución extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

{slide=Artículo 9. Gestión de la tasa}

1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

{slide=Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos}

Se establece una bonificación del 10 por 100 sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

{slide=Artículo 11. Vinculación de la tasa}

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

{slide=Disposición final séptima. Entrada en vigor}

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, el artículo 11 será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013.

{/slides}

 

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