Desde hoy, 19 de noviembre de 2012, entra en vigor la prohibición de pago en efectivo de aquellas operaciones de importe superior a 2500 euros, en las que intervengan empresarios o profesionales.

Reproducimos, por su interés, el apartado relativo a este punto que figura en una nota publicada por la AEAT.

El artículo 7 de la Ley 7/2012 tipifica un nuevo tipo infractor al disponer, en su apartado Uno.1 "No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera".

Las notas características de esta infracción son las siguientes:

- La limitación se establece para los pagos en efectivo correspondientes a operaciones con importe igual o superior a 2.500 €, siempre y cuando alguna de las partes actúe como empresario o profesional. Este importe se eleva a 15.000 € si el pagador es una persona física que no actúa como empresario o profesional y sin domicilio fiscal en España. No resulta aplicable la limitación a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

- El incumplimiento de las anteriores limitaciones constituye infracción administrativa, calificada como grave, considerando sujeto infractor tanto al que pague como al que reciba importes en efectivo por encima del límite indicado; ambos responden solidariamente de la infracción cometida, la cual prescribirá a los cinco años a contar desde su comisión.

- La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 ó 15.000 €, consistiendo la sanción en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento. La sanción prescribirá a los cinco años a contar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone.

- Se exime de responsabilidad por infracción al participante en la operación que denuncie la misma ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, identificando a la otra parte.

- El procedimiento sancionador se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

- La tramitación y resolución del procedimiento se encomienda a la AEAT, así como la gestión recaudatoria de las sanciones impuestas, tanto en período voluntario como ejecutivo. Queda pendiente la determinación de los órganos competentes, lo cual se efectuará mediante disposición que deberá ser objeto de publicación en el BOE.

- De acuerdo con la Disposición final quinta de la Ley 7/2012, la entrada en vigor de las limitaciones al uso de efectivo se producirá a los 20 días de publicación en el BOE de la norma (el 19 de noviembre) y resultará de aplicación a todos los pagos efectuados desde esa fecha, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

boepapelEn el BOE de 16 de noviembre de 2012 ha sido publicado el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que entra en vigor de forma inmediata, esto es, en el mismo día de su publicación, teniendo efectos retroactivos para aquellos procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Dada la brevedad de su articulado, lo reproducimos íntegramente:

Artículo 1. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

1. Hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.

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boepapelEn el BOE de 17 de marzo de 2012 el Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2008, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.

La nueva norma, que entra en vigor el 18 de marzo de 2012, viene a derogar a la anterior Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, e incluye una serie de modificaciones tributarias relativas al Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, contenidas en los artículos 35 a 37, así como en su Disposición final tercera, que modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, añadiendo un nuevo número 18.º en el apartado uno.2 del artículo 91. Por tanto, a partir de mañana se aplica el IVA al 8% a las operaciones de:

«18.º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, conjuntos inmobiliarios o sectores de ellos arquitectónicamente diferenciados cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de estos servicios».

Respecto a los contratos preexistentes, en la Disposición transitoria única se establece que no se aplicará la nueva normativa, salvo que las partes acuerden adaptar sus contratos a alguna de las nuevas modalidades. Ahora bien, se determina para los contratos preexistentes una duración máxima de 50 años:

3. Todos los regímenes preexistentes tendrán una duración máxima de 50 años, que en el caso de los celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, se computará desde esta fecha, salvo que sean de duración inferior o que hubieran hecho en la escritura de adaptación, declaración expresa de continuidad por tiempo indefinido o por plazo cierto.

En fin, recomendamos la lectura detenida de su exposición de motivos, que resume el contenido de la norma, en espera de un análisis más amplio.

boepapelSe ha publicado en el B.O.E. de 17 de Noviembre de 2011 el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar

Enlace a la disposición

Esta nueva regulación implicará importantes consecuencias para miles de hogares españoles. Sería deseable que el Ministerio de Trabajo e Inmigración crease urgentemente un portal específico para el tema, habida cuenta de la inminente entrada en vigor de la norma. De momento la obligación para el Ministerio de informar y facilitar cuantos modelos sean necesarios consta recogida en la Disposición adicional tercera del R.D.

Es de suponer que los modelos para los nuevos contratos sean publicados en la web del ministerio o en la sede electrónica del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

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