boepapelEn el Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero de 2012 se publicó el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. El legislador gusta de jugar con las palabras, así que lo que encontraremos en el texto no es en sí el "mecanismo de financiación y pago", que queda en el aire, sino tan sólo la regulación de las fases previas de información para, posteriormente, poder crear el "mecanismo". 

En síntesis, y esto es una opinión personal, lo que realmente se persigue es que el 15 de Marzo de 2012 tengamos una "FOTO" de la deuda a proveedores de las entidades locales, aflorando todas las facturas que pueblan los cajones de los Ayuntamientos. Una vez que se sepa esa cifra, tendrá que arbitrarse el procedimiento de financiación y pago, con la indispensable colaboración de las entidades financieras. En definitiva, estamos ante una especie de "mini procedimiento concursal" para Ayuntamientos, con su listado de acreedores, sus alegaciones en caso de exclusión y su futuro plan de viabilidad (porque claro, no vamos a liquidar al Ayuntamiento), sin olvidar incluso una suerte de "calificación" o prelación de creditos en caso de que se que acepten quitas...

 ¿De qué deudas estamos hablando…?

De aquellas obligaciones económicas contraídas por las entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios, que tengan su origen en contratos del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que sean vencidas, líquidas, exigibles y cuya factura, o solicitud de pago equivalente, se haya recibido por la entidad obligada antes del 1 de enero de 2012.

Pero... el Ayuntamiento me debe facturas de 2009, ¿están incluidas en el ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011?

La redacción del Real-Decreto ley puede generar cierta inquietud, ya que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre entró en vigor el 16 de Diciembre de 2011. Una interpretación absolutamente literal limitaría el ámbito a aquellas facturas emitidas por el acreedor y recibidas por la entidad local entre el 16 de Diciembre de 2011 (fecha de la entrada en vigor) y el 1 de Enero de 2012… o lo que es lo mismo, casi ninguna.

La realidad es que el reciente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre integra, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. En consecuencia, si el contrato se pactó bajo la vigencia de la anterior Ley 30/2007 y su clausulado está referenciado a dicha norma, las facturas giradas y recibidas por la entidad local antes del 1 de Enero de 2012 deben ser consideradas a todos los efectos.

¿Quién puede acogerse al sistema?

Tanto el adjudicatario del contrato como, en su caso, el cesionario a quien el adjudicatario le haya transmitido su derecho de cobro.

¿He de realizar algún trámite para iniciar el procedimiento?

En principio son las entidades deudoras las obligadas a iniciar y tramitar de oficio el procedimiento, debiendo remitir al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 15 de marzo de 2012, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos. Ahora bien, no estaría de más presentar cuanto antes un escrito "preventivo" recordándole a la entidad todos los datos que se supone que ya conoce, y que debe incluir en la relación certificada y aportando copia de la documentación. Con ello quizás nos ahorremos el disgusto de no aparecer en la relación y la necesidad de solicitarlo a posteriori. Los datos son los siguientes:

a) Identificación del contratista que incluirá el código o número de identificación fiscal, denominación social y su domicilio social.

b) Importe del principal de la obligación pendiente de pago, impuesto sobre el valor añadido o impuesto general indirecto canario incluido en su caso, sin inclusión de intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios. En aquellos casos en que se hubiere pactado aplazamientos con el acreedor, se incluirá en la mencionada certificación el importe total pendiente de pago en el momento en el que se emita. En estos casos las entidades locales deberán informar de los vencimientos que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2012

c) Fecha de entrada en el registro administrativo de la factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente anterior al 1 de enero de 2012.

d) Expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante los Tribunales de Justicia antes de 1 de enero de 2012.

¿Cómo puedo informarme de si mi crédito ha sido incluido?

Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión, en la relación certificada remitida y en caso de estar incluidos podrán conocer la información que les afecte.

¿Qué sucede si mi crédito no aparece en la relación certificada por la entidad?

En este caso se podrá solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, que deberá expedirse en el plazo de 15 días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro de la entidad. Transcurrido el mencionado plazo sin que se hubiera rechazado la solicitud, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo en los términos previstos en la solicitud.

¿Qué sucede si la entidad deudora no cumple con las obligaciones de certificación?

El incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas en los artículos 3 y 4, tendrán la consideración de faltas muy graves en los términos previstos en el artículo 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aunque a efectos prácticos, el procedimiento favorece al acreedor, puesto que se admite el silencio positivo respecto a los certificados individuales.

¿Cómo se cobra la deuda?

De momento, el sistema está pendiente de desarrollo. Lo importante ahora es ser incluido en la relación certificada global de acreedores de la entidad local (que ha de estar presentada, como límite, el 15 de marzo de 2012) y en caso de no figurar, solicitar inmediatamente el certificado individual.

La norma dice que los acreedores podrán voluntariamente hacer efectiva la deuda, mediante presentación al cobro en las entidades de crédito. Pero no dice qué documento es el que se ha de presentar. Es presumible que el documento sea un testimonio de la parte de la relación certificada que recoge nuestro crédito, o bien el certificado individual, pero surge una importante duda si el derecho de cobro se ha obtenido por silencio positivo de la Entidad. Evidentemente, ningún banco va a pagar contra la presentación de una mera solicitud “sellada” de certificado individual y la afirmación de que “ha operado” el silencio positivo. Y si la entidad no nos ha contestado, difícilmente nos va a certificar que "no nos ha contestado". Tendrá que arbitrarse un mecanismo para esos casos.

Ya tenía una demanda interpuesta contra la entidad local, ¿cómo queda el asunto?

Si se cobra por este sistema, el acreedor estaría renunciando a intereses y costas del procedimiento judicial, puesto que “[…] El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.”

Ello encaja con el hecho de que el abono determinará la terminación del proceso judicial por satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado en el artículo 22.1 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo señala expresamente que “se decretará por el Secretario judicial la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas”.

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