boepapelLa Ley 5/2012 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos -publicada en el BOE número 83 de 6 de abril de 2012 y previamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 6094, de 23 de marzo de 2012- en su artículo 16 añade un nuevo título III bis al texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, que tiene por objeto regular la nueva tasa judicial autonómica para el justiciable (nuevo artículo 3 bis. 1) y otra tasa para "la utilización o el aprovechamiento de los bienes y derechos afectos al servicio de la Administración de justicia" (nuevo artículo 3 bis. 2). Afortunadamente, respecto a esta segunda tasa quedan exentos los colegios profesionales (ya que en caso contrario tendrían que pagar una buena cantidad por el espacio que ocupan las salas de togas, que luego repercutirían en los profesionales). En lo que interesa, reproducimos el artículo relativo a la TASA JUDICIAL, concretamente definida como: "tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia"

Artículo 3 bis.1.1 Hecho imponible.


1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, a instancia de parte, en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, en órganos judiciales con sede en Cataluña. La producción del hecho imponible se manifiesta mediante la realización de los siguientes actos:

Leer más...

tasas

En el Consejo de Ministros del día 30 de Marzo de 2012, además de aprobarse el Proyecto de Ley para los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se anunció la PROPUESTA del Ministro de Justicia para la revisión, al alza, evidentemente, del Sistema de Tasas Judiciales. No sólo subirán, sino que se crearán nuevas tasas en la Jurisdicción Social. También se habla de "mejoras" que afectan a la gestión por parte de procuradores y abogados, que podrán "facilitar el pago". No sabemos muy bien el alcance del término "facilitar" en este caso. Seguídamente reproducimos el contenido del avance.


REVISIÓN DEL SISTEMA DE TASAS JUDICIALES EN SEGUNDA INSTANCIA

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Justicia sobre un Anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En este Anteproyecto de Ley de reforma de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto nacional de toxicología y Ciencias Forenses también se introducen dos mejoras en la gestión: procuradores y abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.

El objetivo de esta iniciativa es evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados. Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado, sino que, tal y como ya avanzó el ministro de Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.

Leer más...

boepapelEn el BOE de 16/03/2012 se publica la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

El modelo de solicitud se ha previsto para el caso de obligaciones pendientes de pago no incluidas en la relación certificada elaborada por las entidades, pudiendo los contratistas, mediante este formulario, solicitar a la entidad local deudora la expedición de un certificado individual en el que se reconozca la existencia de la obligación pendiente de pago. Este certificado individual deberá ser expedido en el plazo de 15 días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro de la entidad local. Transcurrido el mencionado plazo sin que se hubiera rechazado la solicitud, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.

boepapelEn el Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero de 2012 se publicó el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. El legislador gusta de jugar con las palabras, así que lo que encontraremos en el texto no es en sí el "mecanismo de financiación y pago", que queda en el aire, sino tan sólo la regulación de las fases previas de información para, posteriormente, poder crear el "mecanismo". 

En síntesis, y esto es una opinión personal, lo que realmente se persigue es que el 15 de Marzo de 2012 tengamos una "FOTO" de la deuda a proveedores de las entidades locales, aflorando todas las facturas que pueblan los cajones de los Ayuntamientos. Una vez que se sepa esa cifra, tendrá que arbitrarse el procedimiento de financiación y pago, con la indispensable colaboración de las entidades financieras. En definitiva, estamos ante una especie de "mini procedimiento concursal" para Ayuntamientos, con su listado de acreedores, sus alegaciones en caso de exclusión y su futuro plan de viabilidad (porque claro, no vamos a liquidar al Ayuntamiento), sin olvidar incluso una suerte de "calificación" o prelación de creditos en caso de que se que acepten quitas...

 ¿De qué deudas estamos hablando…?

De aquellas obligaciones económicas contraídas por las entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios, que tengan su origen en contratos del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que sean vencidas, líquidas, exigibles y cuya factura, o solicitud de pago equivalente, se haya recibido por la entidad obligada antes del 1 de enero de 2012.

Leer más...

XceptioBanner

blogosfera

•  TOP 5 POR NÚMERO DE CLICKS  

——————————————

——————————————

•  VER TODOS LOS BLOGS  

TWPROCESALISTAS 2x