• Acceder: Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, en relación con la prueba de aptitud que deben realizar los abogados y procuradores nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea y de los Estados parte del Espacio Económico Europeo para acreditar un conocimiento preciso del derecho positivo español

boepapelSí, aunque parezca increible, existen personas al otro lado de la frontera física que están deseando caer en las garras del sistema procesal español. Tal es así que para frenar sus anhelos de ejercer la abogacía y procuraduría en España y tras la adhesión del Bulgaria y Rumanía a la UE (ya ha llovido), habida cuenta de que nadie se fía de nadie, ha sido necesario "desarrollar la prueba de aptitud, a la que se hace referencia en los artículos 22.3 y 23 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado". Ahí es nada.

En fin, si eras abogado o procurador "UE" y querías venirte para España, hasta ahora podías encontrar toda la información en la web de la ABOGACÍA ESPAÑOLA (que deberá actualizarse) pero mañana entra en vigor esta nueva Orden PRE/421/2013 y la prueba que deberá ser superada por los candidatos de la UE, si quieren disfrutar de las bondades de nuestro ínclito Ministerio de Justicia.

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Reproducimos por su interés el contenido del COMUNICADO DE PRENSA del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión

La normativa española enumera los motivos, muy limitados, por los que un deudor puede oponerse al procedimiento de ejecución de una hipoteca. Entre esos motivos no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario. De este modo, esta circunstancia sólo puede invocarse en un procedimiento declarativo separado, que no suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria. Además, en el procedimiento de ejecución español, la adjudicación final de un bien hipotecado a un tercero –como un banco– adquiere, en principio, carácter irreversible. Por consiguiente, si la decisión del juez que conozca del proceso declarativo por la que declare abusiva una cláusula de un contrato de préstamo –y, por tanto, la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria– se pronuncia después de que se haya llevado a cabo la ejecución, esa decisión sólo puede garantizar al consumidor una protección a posteriori, meramente indemnizatoria, sin que la persona expulsada pueda recuperar la propiedad de su vivienda.

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Puedes descargar la Nota de Prensa del Ministerio de Justicia gracias a @icasbd

Según podemos leer, entre otros medios, en europapress, "el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley por el que se modifica la reciente Ley de Tasas Judiciales y se anticipa la entrada en vigor de los beneficios recogidos en el anteproyecto de Justicia Gratuita para que los colectivos que tengan derecho a ella puedan disfrutarla desde este mismo momento". En fin, está claro que lo de "disfrutarla" no es un término muy acertado para el caso...

Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, este "ajuste" se realiza gracias a la "muy cualificada" opinión de la Defensora del Pueblo, que en un solo día (esto ya no lo dice la vicepresidenta) ha conseguido el milagro de convencer al Ministro de la necesidad de estos retoques y autoconvencerse a sí misma de que es absurdo e insostenible cualquier recurso contra una ley tan "ahora" ponderada como ésta.

La medida aprobada por el Ejecutivo "supone la aplicación inmediata de artículos esenciales de la nueva Justicia Gratuita" para que sus nuevos beneficiarios dejen ya de pagar abogado, procurador, tasas y demás costes derivados del proceso. Sólo a estos se les devolverá la tasa abonada desde que esta ley entrara en vigor el pasado 17 de diciembre. Hay ser un poco absurdo para decir que con este modificación se consigue aplicar artículos de otra Ley que aún no está ni publicada, pero no debemos extrañarnos, la pirámide de jerarquía normativa está sufriendo extrañas mutaciones en los últimos tiempos.

Previsiblemente mañana se publicará en el BOE, o quizás lo dejamos para el lunes, total hoy en día tiene más valor la "rueda de prensa" de pasillo que cualquier Real Decreto de chicha y nabo, por lo que, a nuestros efectos, podemos considerar que desde el lunes no habría que autoliquidar tasas (supongo que desconectarán la sección correspondiente de la AEAT que si no la vamos a líar), porque HAY QUE REHACER LOS MODELOS y crear alguno nuevo para esa "devolución" ;-)

Descargar: Presentación del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales

En fin, en cuanto pestañeas, abres los ojos y te encuentras con alguna novedad que desmonta tus esquemas mentales. Empezamos 2013 con una presentación en PowerPoint del Ministerio de Economía y Competitividad , que recoge los mimbres de la próxima Ley de Servicios Profesionales.

En lo que al sector jurídico respecta nos esperan importantes novedades:

PROFESIONES JURÍDICAS (la profesión de Procurador es considerada como altamente regulada por la Recomendación del Consejo 11273/12)

  1. Se suprime la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador. Justificación: no se considera justificado que la actividad de representación y defensa en juicio no puedan ejercerse por la misma persona. Máxime teniendo en cuenta que en algunas jurisdicciones sí se permite dicha compatibilidad, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso-administrativa.
  2. Se permite que los abogados puedan ejercer la profesión de procurador sin necesidad de colegiarse en un Colegio de Procuradores.
  3. Se modifica la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, para suprimir la exigencia de examen de Estado habilitante.
  4. Colegiación obligatoria de ambas profesiones para su actuación ante jueces y tribunales
  5. Peritos judiciales: permitir que cualquier profesional, en el caso de profesiones de colegiación voluntaria, puedan apuntarse a las listas para poder ejercer de perito judicial

En definitiva, parece que (i) la colegiación sólo va a ser estrictamente obligatoria para "procesalistas" y que (ii) se ha decidido acabar con los colegios de procuradores, porque la colegiación como abogado va a permitir el ejercicio de la procuraduría, careciendo de sentido elegir una opción colegial que incluye "menos".

El alcance va a ser enorme. Es posible que por la crisis se produzcan bajas en los Colegios de Abogados de parte del nutrido grupo que no se dedican a ejercer ante los Tribunales y, por otro lado, respecto a los procuradores el movimiento lógico es que se pasen al lado oscuro y se colegien como abogados, logrando así acceder a las dos profesiones.

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