Empezamos 2015 con un off topic, poco jurídico. Aprovechando las energías que aporta el turrón, he llevado a cabo algunas actualizaciones técnicas que tenía pendientes. No se trata de cambios fácilmente perceptibles a la vista, pero sí redundarán en un mejor funcionamiento de la página. Las estadísticas de Google Analytics indican que en diciembre de 2014 se iniciaron en Procesalistas.ES una media de 41 sesiones diarias, cifra que —considerando que en fines de semana y festivos el gráfico de las montañas rocosas cae hasta el suelo y que la aportación de contenidos en el pasado año fue mínima— merece un respeto por mi parte.

Estadística Google AnalyticsEn primer lugar he podido actualizar el motor interno a la última versión, la web pasa de funcionar bajo la ya obsoleta versión 2.5 de JOOMLA a correr bajo la nueva versión 3.3, con lo que, en teoría, todo debería ir más fluido y ser "más seguro". La actualización del CMS ha venido acompañada de una ligera modernización de la cara visible de la web, manteniendo, eso sí, los tonos clásicos de Procesalistas.ES, pero intentando mejorar la legibilidad de las fuentes y aligerando degradados, texturas y sombras. Es cierto que actualmente está de moda el diseño web "plano" pero, la verdad, tras algunas pruebas llegué a la conclusión de que me seguían gustando los colores ocres, con degradados y demás perendengues, llamadme viejuno pero ahí seguirán de momento. Pienso que son parte de la identidad de la página.

Otro pequeño paso es conseguir que la web sea mínimamente "adaptativa" (Responsive Web Design o RWD), lo que quiere decir que se intenta esforzadamente adaptar al tamaño de pantalla del dispositivo desde el que se esté accediendo. Si en alguna ocasión habías intentado entrar desde tu Smartphone lo recordarás como una experiencia penosa. Ahora la experiencia es un poco mejor, no se trata de una gran implementación del RWD, pero algo es algo.

En cuanto a contenidos espero que 2015 sea más nutrido que 2014. Con la entrada en vigor de la última reforma de la normativa de Propiedad Intelectual y el "irrenunciable canon", tasa Google o como se quiera denominar, he decidido eliminar de plano el "tablón de noticias" (una pena, pues era la segunda sección más visitada), algunos módulos y todos los enlaces a medios de prensa generalistas (tanto AEDE como no AEDE). No es que antes la web contuviera citas, pero a partir de ahora la sección de PRENSA pasa a ser exclusivamente jurídica, intentando crear un directorio que simplemente incluya enlaces a las principales revistas del sector cuya versión digital sea de acceso gratuito. La misma suerte han corrido los widgets de Twitter con las "noticias de actualidad" y "periodistas de tribunales". Ya sabemos que las interpretaciones de la norma las carga el Diablo y luego viene alguien y te dice que el widget de Twitter es un agregador de noticias.

En fin, esperemos que 2015 nos traiga, entre otras cosas buenas, la desaparición para siempre de las tasas judiciales.

Así es, lo prevé la Constitución Española en su artículo 82: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, potestad que deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Según puntualiza el número 5 del citado artículo 82, la autorización para refundir textos legales especificará si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

Ciertamente, si bien puede parecer lógico, útil y práctico refundir textos legales mediante la suma de distintas normas existentes y relacionadas con la materia, sin embargo se antoja peligrosa la posibilidad de ir más allá de la mera “refundición”, de dar carta blanca a un Gobierno para “regularizar, aclarar y armonizar” los textos legales a refundir, saltándose de plano en dicha “aclaración” los trámites parlamentarios ordinarios.

Ahora bien, contrariamente a lo que podríamos pensar —dada la situación política actual— en el caso que nos ocupa esta carta blanca lleva el apoyo de todos los grupos parlamentarios, sin que se produjera ni un solo voto en contra, como se puede comprobar en la votación del Congreso, con un consenso de todas las fuerzas, como se deduce también del DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS de 9 de octubre de 2014.

Resulta muy interesante y recomendable la lectura de la “sinopsis del artículo 82” de la Constitución que tiene publicado el propio Congreso de los Diputados en su página web (Autores: Francisco Martínez Vázquez, Letrado de las Cortes Generales; Fernando Galindo Elola-Olaso, Letrado de las Cortes Generales), donde se recogen los antecedentes históricos y doctrinales de esta fórmula, por la que, en cierto modo, se permite al Gobierno de turno “inmiscuirse en la tarea legislativa” que estaba encomendada en exclusiva a las Cortes,  considerando la “ruptura que el fenómeno de la delegación legislativa supone en los principios básicos que nutren la concepción liberal de la Ley como obra del Parlamento”.

Con amparo en esta delegación de facultades, las Cortes Generales han aprobado la “Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española” se delega en el Gobierno la potestad de dictar los siguientes textos refundidos, en su mayoría relativos a materia laboral:

  • Ley del Mercado de Valores
  • Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal
  • Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
  • Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Ley de Prevención de Riesgos Laborales
  • Ley de Empleo
  • Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Texto refundido de la Ley del Suelo

Durante la tramitación, evidentemente surgieron dudas y suspicacias, así, por citar un ejemplo, Izquierda Unida llegó a decir que “tanto el procedimiento legislativo como el fondo de esta ley delegante “ómnibus”para que el Gobierno pueda dictar una pluralidad de textos refundidos (decretos legislativos), contienen importantes vicios de inconstitucionalidad”, pero al final ha existido consenso en su aprobación.

Ahora sólo nos queda confiar en la “palabra” del Gobierno, en boca de la señora Cortés Bureta:

“[…] Con estos textos refundidos lo único que se pretende es cumplir con la previsión constitucional de regular, de aclarar y de armonizar leyes vigentes, pero no se trata de innovar nada, no se trata de que con estos textos refundidos se incorpore novedad legislativa alguna.”

Si es así, perfecto, si no, al final nos la habrán colado una vez más, con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios.

Hoy toca un poco de autopromoción, pues el "timeline" de la página está un poco frío y va siendo hora de poner de nuevo en marcha el motor, aunque sea con pinzas y batería ajena, o dicho de otra forma, lo que viene siendo "copiar y pegar". Así que no sin cierto e incomprensible retraso, me hago eco de que —tal y como señala el blog del despacho profesional AGUILAR&ASTORGA— durante los días 17 y 18 de octubre el Salón de Actos de Humanidades de la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria, acogió las primeras "Jornadas sobre internet y su problemática jurídica" organizadas por VEGUETA CONGRESOS, con un gran éxito de asistencia e importante repercusión en distintos medios de comunicación, aunque puntualizo que especialmente locales.

Presididas por el Ilmo. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC y Catedrático de Derecho Civil —Don Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano— las Jornadas contaron con la intervención de fiscales y magistrados como los Excmos. Sres. Don Javier Huete, Fiscal del Tribunal Supremo, Don Antonio del Moral García, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Don Carlos Lesmes Serrano, Magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo, Don Diego Córdoba Castroverde, Magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo. También intervinieron docentes de reconocido prestigio como Don Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de la UNED, Don Juan José Marín López, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla La Mancha, Don Pedro Robles Latorre, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

Dentro de este importante elenco andaba yo metido representando al despacho: "Francisco Javier Rubio Rodríguez-Vigil, experto abogado procesalista, director del portal jurídico Procesalistas.ES y responsable de nuestro área de Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. A su cargo corrió la ponencia sobre "perfección del contrato y firma electrónica", que cerró el primer día de las Jornadas."

Lo cierto es que aprendí bastante, no sólo en cuanto a las materias expuestas por el resto de ponentes, sino gracias a las intervenciones de los numerosos asistentes. He de decir que los asientos del público estaban ocupados por numerosos expertos en tecnología, delitos informáticos, seguridad en la red y vaya vd. a saber, seguro que hasta algún ciberdelincuente. Tal es así que resultaban tanto o más interesantes los debates posteriores que las propias ponencias. Al margen de la enjundia jurídica de algunos temas, en particular parecían despertar más interés las intervenciones eminentemente "prácticas" como la de la representante de la policía, que traía una presentación de PowerPoint bastante trabajada.

Persolmente he de agradecer el trato recibido de la organización, VEGUETA CONGRESOS y del resto de intervinientes con los que pude y tuve el placer de departir fuera de las propias jornadas. En especial quiero hacer mención a Don Samuel Parra Saez (socio de la Asociacion Derecho en Red) y Don Pere Simón Castellano (Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona y Experto Jurista en Protección de Datos), dos personas muy preparadas y de conversación apasionante, incluso un poco "friki".

Hace unos días me preguntaba si algún "analista" habría evaluado el impacto fiscal que a corto, cortísimo plazo, va a tener la implantación de las tasas judiciales en la recaudación de otros impuestos. La pregunta surge ante la constatación de que las tasas están teniendo el efecto disuasorio que el Ministro de Justicia, al parecer, pretendía. Concretamente, se podía leer en economía digital que "las tasas judiciales que ha impuesto el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (PP), han reducido el número de pleitos en los juzgados en un 30%". Por tanto, según ese dato, de cada 10 potenciales reclamaciones, 3 no llegan a interponerse y la cifra va en aumento.

Hagamos un análisis simple, pero comprensible, tomando como ejemplo una asunto tipo que podría ser un "procedimiento ordinario" a tramitar por una persona jurídica ante la Jurisdicción Civil, en Madrid y con una cuantía estándar de 18.000,00€, que es la base para los procedimientos de cuantía indeterminada.

La tasa judicial para ese procedimiento ascendería a 390,00€.

En primer lugar resulta necesaria la intervención de un Abogado que lleve la dirección técnica de la parte actora. Los criterios del Colegio de Abogados de Madrid, para un procedimiento de esta cuantía de 18.000,00€ arrojan unos honorarios de 3.000,00€ —cosa distinta es lo que realmente se oferte al cliente, pero tomemos la recomendación colegial—. Por tanto, el Abogado emitirá una minuta por ese importe, de la cual el cliente retendrá e ingresará en Hacienda un 21% para IRPF (630,00€) y tendrá que pagar el correspondiente IVA al 21% (otros 630,00€).

También resulta necesaria la intervención de un Procurador. En este caso el Arancel de los procuradores arroja unos honorarios de 436,34€, de los cuales se retendrá un 21% para IRPF (91,63€) y el cliente tendrá que pagar el correspondiente IVA al 21% (otros 91,63€). Vamos a parar aquí, aunque en la realidad podríamos seguir incorporando datos, como facturas de peritos, notarios (poderes), registradores, etc. Evidentemente, siendo al menos dos las partes, a efectos tributarios las cifras se multiplicarían por dos.

Sobre las anteriores bases podemos presumir que el procedimiento "ejemplo" generaría para la Hacienda Pública unos potenciales ingresos de 1.443,26€ por la vía de retenciones de IRPF y unos ingresos de otros 1.443,26€ por la vía del IVA; un gran total de 2.886,52€.

Ahora pensemos en el efecto disuasorio de la tasa judicial. Si los indicadores que empiezan a circular son ciertos, tres de cada diez justiciables ya están dejando decaer sus acciones. Ello implicaría, en nuestro caso, que por imponer el pago de una tasa disuasoria de 390,00€ lo que se consigue es que la AEAT deje de ingresar de forma directa e inmediata unos 2.886,52€, en tres de cada diez ocasiones. Y estamos hablando de la primera instancia, porque en realidad se genera un efecto dominó en los eventuales recursos.

Por tanto, una decisión tan absurda como imponer unas tasas desproporcionadas y disuasorias, no sólo vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que destroza el tejido productivo del "sector jurídico" e implican una caída en picado de los ingresos fiscales procedentes de este sector. La verdad, es que si los sesudos analistas del Ministerio de Hacienda y el Ministerios de Justicia están de acuerdo en la bondad de la tasa judicial, estaríamos ante una emulación de aquella película de dudosa calidad... como era... ah, sí... "DOS TONTOS MUY TONTOS". Lo que pasa es que con esta te ríes aún menos que con la original.

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