Esta semana se recordará como la de "las Tasas Judiciales", así que parece un buen momento para la batalla: tasas estatales versus tasas catalanas. Para ello lo primero es tener a mano las dos normas a confrontar, así cada cual podrá sacar sus propias conclusiones.

Vamos a intentar determinar si nos encontramos ante una GUERRA DE TASAS, o ante un PACTO entre amiguetes. Evidentemente, los profesionales del derecho que trabajan diariamente en Cataluña ya saben la respuesta, pero los abogados del resto Comunidades Autónomas que eventualmente puedan tener un procedimiento en Cataluña no suelen tenerlo tan claro, y últimamente hay que explicar tantas cosas a los clientes...

Estatal: “La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles” (art. 1)

Esta claro que la cosa empieza con un "no nos vamos a hacer daño", tus tasas y las mías pueden ser amigas, sin embargo la norma estatal dice claramente que las autonómicas "no podrán gravar los mismos hechos imponibles"

Cataluña: “La tasa es exigible en el ámbito territorial de Cataluña por la producción o la realización de los hechos imponibles descritos en los apartados 1 y 2 que tengan lugar en los órganos de la Administración de justicia con sede en Cataluña, sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse.” (art. 3 bis. 1. 1. 3)

Venga, vale, seamos amigos, los dos podemos ordeñar esta vaca, pero por si las moscas (que rodean a la vaca) "yo no digo nada de coincidencia de hechos", tenemos que encontrar una fórmula mágica para negar la evidencia.

 

Si comparamos el artículo 5 de la Ley Estatal, con el artículo 3 bis. 1.4 de la Ley Autonómica, veremos que existe coincidencia en varios de los “hechos” desencadenantes del devengo de las respectivas tasas: 

 

Ámbito Estatal

Ámbito Cataluña

CIVIL

 

 

Interposición del escrito de demanda.

Formulación del escrito de reconvención

Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo

Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados

SÍ (sin distinción en cuanto al sujeto que presenta)

Presentación de demanda incidental en procesos concursales

NO

Interposición del recurso de apelación

Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal

Interposición del recurso de casación

Ejecución de título extrajudicial (demanda)

Ejecución de título judicial (demanda)

NO

Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales

NO

CONTENCIOSO-ADVO

 

 

Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda

Interposición del recurso de apelación

Interposición del recurso de casación

SOCIAL

 

 

Interposición del recurso de suplicación

NO

Interposición del recurso de casación

NO

Por tanto, lo primero que nos viene a la cabeza cuando vemos esta tabla, es que, en aplicación del artículo 1 de la Ley Estatal, la práctica totalidad de la tasas judiciales catalanas no deberían ser exigibles, pues casi todos los “actos” desencadenantes de las tasas estatales y autonómicas coinciden, siendo el único “acto” discordante la “presentación de demanda de ejecución de título judicial”, que no viene gravada a nivel estatal, pero sí a nivel autonómico.

Pero no nos engañemos, el famoso dicho de “hecha la Ley hecha la trampa” llega a su máximo nivel en el caso de las tasas judiciales, a favor de las Administraciones claro. En este caso, la TRAMPA viene incluida de serie en le propia LEY AUTONÓMICA.

El truco es diferenciar la descripción del “hecho imponible”, de manera que en la Ley Estatal lo que se grava es el “ejercicio de la potestad jurisdiccional” y en la Ley Autonómica lo que se grava es “la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia”. En fin, lo explican muy bien en la exposición de motivos de la Ley Catalana, que ya sabía en que jardín se estaba metiendo:

“[…] La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, que se crea al amparo de la letra f del artículo 104 del Estatuto de autonomía de Cataluña, se impone por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, manifestada por la realización de determinados actos, a diferencia de la tasa estatal, cuyo hecho imponible es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, de modo que la coincidencia meramente temporal en la producción de actos que constituyen por disposición legal manifestación de los hechos imponibles respectivos no comporta en ningún caso su identidad. Al contrario, el hecho imponible de la tasa estatal lo constituye el ejercicio de la potestad jurisdiccional stricto sensu, que se identifica con la función de «juzgar y hacer cumplir lo que haya sido juzgado» del artículo 117.3 de la Constitución; mientras que, en la tasa autonómica, el hecho imponible lo constituye el conjunto de actuaciones del personal que apoya a los órganos jurisdiccionales, así como la utilización de los elementos materiales necesarios, siempre y exclusivamente de competencia de la Generalidad.”

En definitiva, a nivel estatal hay que pagar el peaje judicial, pero si además viajas por Cataluña, tienes que pagar el mantenimiento de “la barrera”. Supongo que lo siguiente serán las tasas locales que repercutan la basura producida por las sedes judiciales, o el desgaste de acera que provoca el justiciable al entrar y salir…

Conclusión: PACTO ENTRE AMIGUETES

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