Hace unos días me preguntaba si algún "analista" habría evaluado el impacto fiscal que a corto, cortísimo plazo, va a tener la implantación de las tasas judiciales en la recaudación de otros impuestos. La pregunta surge ante la constatación de que las tasas están teniendo el efecto disuasorio que el Ministro de Justicia, al parecer, pretendía. Concretamente, se podía leer en economía digital que "las tasas judiciales que ha impuesto el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (PP), han reducido el número de pleitos en los juzgados en un 30%". Por tanto, según ese dato, de cada 10 potenciales reclamaciones, 3 no llegan a interponerse y la cifra va en aumento.

Hagamos un análisis simple, pero comprensible, tomando como ejemplo una asunto tipo que podría ser un "procedimiento ordinario" a tramitar por una persona jurídica ante la Jurisdicción Civil, en Madrid y con una cuantía estándar de 18.000,00€, que es la base para los procedimientos de cuantía indeterminada.

La tasa judicial para ese procedimiento ascendería a 390,00€.

En primer lugar resulta necesaria la intervención de un Abogado que lleve la dirección técnica de la parte actora. Los criterios del Colegio de Abogados de Madrid, para un procedimiento de esta cuantía de 18.000,00€ arrojan unos honorarios de 3.000,00€ —cosa distinta es lo que realmente se oferte al cliente, pero tomemos la recomendación colegial—. Por tanto, el Abogado emitirá una minuta por ese importe, de la cual el cliente retendrá e ingresará en Hacienda un 21% para IRPF (630,00€) y tendrá que pagar el correspondiente IVA al 21% (otros 630,00€).

También resulta necesaria la intervención de un Procurador. En este caso el Arancel de los procuradores arroja unos honorarios de 436,34€, de los cuales se retendrá un 21% para IRPF (91,63€) y el cliente tendrá que pagar el correspondiente IVA al 21% (otros 91,63€). Vamos a parar aquí, aunque en la realidad podríamos seguir incorporando datos, como facturas de peritos, notarios (poderes), registradores, etc. Evidentemente, siendo al menos dos las partes, a efectos tributarios las cifras se multiplicarían por dos.

Sobre las anteriores bases podemos presumir que el procedimiento "ejemplo" generaría para la Hacienda Pública unos potenciales ingresos de 1.443,26€ por la vía de retenciones de IRPF y unos ingresos de otros 1.443,26€ por la vía del IVA; un gran total de 2.886,52€.

Ahora pensemos en el efecto disuasorio de la tasa judicial. Si los indicadores que empiezan a circular son ciertos, tres de cada diez justiciables ya están dejando decaer sus acciones. Ello implicaría, en nuestro caso, que por imponer el pago de una tasa disuasoria de 390,00€ lo que se consigue es que la AEAT deje de ingresar de forma directa e inmediata unos 2.886,52€, en tres de cada diez ocasiones. Y estamos hablando de la primera instancia, porque en realidad se genera un efecto dominó en los eventuales recursos.

Por tanto, una decisión tan absurda como imponer unas tasas desproporcionadas y disuasorias, no sólo vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que destroza el tejido productivo del "sector jurídico" e implican una caída en picado de los ingresos fiscales procedentes de este sector. La verdad, es que si los sesudos analistas del Ministerio de Hacienda y el Ministerios de Justicia están de acuerdo en la bondad de la tasa judicial, estaríamos ante una emulación de aquella película de dudosa calidad... como era... ah, sí... "DOS TONTOS MUY TONTOS". Lo que pasa es que con esta te ríes aún menos que con la original.

XceptioBanner

blogosfera

•  TOP 5 POR NÚMERO DE CLICKS  

——————————————

——————————————

•  VER TODOS LOS BLOGS  

TWPROCESALISTAS 2x