Así es, lo prevé la Constitución Española en su artículo 82: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, potestad que deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Según puntualiza el número 5 del citado artículo 82, la autorización para refundir textos legales especificará si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

Ciertamente, si bien puede parecer lógico, útil y práctico refundir textos legales mediante la suma de distintas normas existentes y relacionadas con la materia, sin embargo se antoja peligrosa la posibilidad de ir más allá de la mera “refundición”, de dar carta blanca a un Gobierno para “regularizar, aclarar y armonizar” los textos legales a refundir, saltándose de plano en dicha “aclaración” los trámites parlamentarios ordinarios.

Ahora bien, contrariamente a lo que podríamos pensar —dada la situación política actual— en el caso que nos ocupa esta carta blanca lleva el apoyo de todos los grupos parlamentarios, sin que se produjera ni un solo voto en contra, como se puede comprobar en la votación del Congreso, con un consenso de todas las fuerzas, como se deduce también del DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS de 9 de octubre de 2014.

Resulta muy interesante y recomendable la lectura de la “sinopsis del artículo 82” de la Constitución que tiene publicado el propio Congreso de los Diputados en su página web (Autores: Francisco Martínez Vázquez, Letrado de las Cortes Generales; Fernando Galindo Elola-Olaso, Letrado de las Cortes Generales), donde se recogen los antecedentes históricos y doctrinales de esta fórmula, por la que, en cierto modo, se permite al Gobierno de turno “inmiscuirse en la tarea legislativa” que estaba encomendada en exclusiva a las Cortes,  considerando la “ruptura que el fenómeno de la delegación legislativa supone en los principios básicos que nutren la concepción liberal de la Ley como obra del Parlamento”.

Con amparo en esta delegación de facultades, las Cortes Generales han aprobado la “Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española” se delega en el Gobierno la potestad de dictar los siguientes textos refundidos, en su mayoría relativos a materia laboral:

  • Ley del Mercado de Valores
  • Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal
  • Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
  • Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Ley de Prevención de Riesgos Laborales
  • Ley de Empleo
  • Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Texto refundido de la Ley del Suelo

Durante la tramitación, evidentemente surgieron dudas y suspicacias, así, por citar un ejemplo, Izquierda Unida llegó a decir que “tanto el procedimiento legislativo como el fondo de esta ley delegante “ómnibus”para que el Gobierno pueda dictar una pluralidad de textos refundidos (decretos legislativos), contienen importantes vicios de inconstitucionalidad”, pero al final ha existido consenso en su aprobación.

Ahora sólo nos queda confiar en la “palabra” del Gobierno, en boca de la señora Cortés Bureta:

“[…] Con estos textos refundidos lo único que se pretende es cumplir con la previsión constitucional de regular, de aclarar y de armonizar leyes vigentes, pero no se trata de innovar nada, no se trata de que con estos textos refundidos se incorpore novedad legislativa alguna.”

Si es así, perfecto, si no, al final nos la habrán colado una vez más, con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios.

XceptioBanner

blogosfera

•  TOP 5 POR NÚMERO DE CLICKS  

——————————————

——————————————

•  VER TODOS LOS BLOGS  

TWPROCESALISTAS 2x