Publicada el 21 de noviembre entró en vigor el 22 de noviembre de 2012

Pero como todo se ha llevado a cabo de forma presurosa y chapucera, todavía no se sabe cuando se exigirá su liquidación, porque no se ha aprobado aún ni el modelo ni el procedimiento de pago. Aconsejamos consultar los artículos de fechas posteriores.

En los siguientes enlaces podéis examinar cual ha sido la evolución de La Ley de Tasas Judiciales:

Actualizando a 20/11/2012, parece evidente que "algo" está frenando la publicación en el BOE de la nueva Ley de Tasas. Esta conclusión salta a la vista si tenemos en cuenta que en el mismo día y sesión en que el SENADO aprobó la Ley de Tasas también aprobó por la misma vía de urgencia la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y ésta fue publicada en el boletín oficial del estado del día siguiente. Y observando la tramitación de otros proyectos de ley, como mucho transcurren tres días entre la aprobación por el SENADO y la publicación en el BOE. Puestos a elucubrar, puede ser que estén esperando a tener listos los Modelos de la AEAT. La verdad es que algunos tenemos la sensación de estar esperando el tiro de gracia, pero cada día parece que se encasquillara el arma reglamentaria.

Parece haber informaciones contradictorias en relación con la "entrada en vigor" de la nueva Ley, y en algunos medios se habla del "1 de enero de 2013" como fecha de inicio. Evidentemente, hasta que no se produzca la publicación en el BOE no podremos saberlo con certeza, pero el Proyecto de Ley tal y como ha sido remitido por el Congreso de los Diputados al SENADO y ha sido aprobado por el mismo, en su Disposición final séptima reza que "La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, el artículo 11 será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013". Si acudimos al artículo 11, vemos que únicamente hace referencia al concepto de "Vinculación de la tasa", indicando que "La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio".

Por tanto, lo que el legislador difiere al 1 de enero de 2013 es exclusivamente la vinculación de la tasa al sistema de justicia gratuita, que viene a significar que la "recaudación" estará destinada a financiar dicho sistema a partir de esa fecha, en cuanto esté establecido en la Ley de Presupuestos. Pero en ningún caso dice que las nuevas tasas empiecen a funcionar el 1 de enero de 2013; la lectura literal indica que entran en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE.

Evidentemente, conforme al artículo 9.2 parece necesario aprobar un nuevo Modelo 696, que previsiblemente estarán preparando a toda prisa en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para publicarlo simultáneamente, y tampoco podemos olvidar que en la Disposición final sexta se habla del eventual "Desarrollo reglamentario" de la Ley, pero no pienso que eso sea óbice para la inminente entrada en vigor.

IDEAS PARA INTENTAR EVITAR, EN ALGUNOS CASOS, LA AFECTACIÓN AL PAGO DE LA NUEVA TASA

Si ya la presión de los plazos procesales suele ser intensa, estos días está alcanzando un nivel verdaderamente inaudito, ya que si esta interpretación es correcta, el mismo día de publicación en el BOE podría ser la fecha límite para, antes de las 14:00 horas, evitar la nueva tasa.

Quizás pueda alegarse que habida cuenta del horario de cierre del registro de presentación, los escritos presentados el siguiente día hábil también quedasen a salvo, pero parece una maniobra arriesgada. También parece absurdamente injusto que aquellos asuntos que antes de la entrada en vigor estuvieren dentro de plazo de recurso, se vean gravados por las nuevas tasas, pues se estaría privando indirectamente del "completo" plazo para recurrir. Así, a bote pronto, se me están ocurriendo diversas fundamentaciones para intentar eludir la tasa en algunos casos, amparándonos para ello en los plazos que tienen los tribunales para dictar sus resoluciones. Por ejemplo, si el Juzgado o la Audiencia tienen un plazo legal para dictar sentencia de 10 o 20 días según los casos (arts. 434, 447, 476 de la LEC), y sin embargo dictasen la resolución fuera de ese plazo, y esa dilación provocase que el recurso se viera afecto por las nuevas tasas, creo que se podría luchar por la no aplicación en base a ese retraso ajeno al justiciable.

OTROS PROYECTOS

Javier de la Cueva (@jdelacueva) ha iniciado un procedimiento que podéis seguir y con el que podéis colaborar accediendo a los siguientes enlaces:

ipad2012-step1-ipad-blackEn el despacho, las dudas “tecnológicas” suelen recaer en mi mesa y ante la reciente salida del “nuevo” iPad de tercera generación, la pregunta no se ha hecho esperar demasiado...

Quiero comprar un iPad para uso profesional… ¿qué modelo me aconsejas?

Mi respuesta rápida fue “el mejor que te puedas permitir”. Pero unos segundos después, el recalcitrante resorte del ahorro fiscal saltó en mi cerebro... “o quizás no…”

El primer punto que resulta importante en un iPad para uso profesional es la movilidad. No se puede depender de la hipotética disponibilidad de una conexión WiFi abierta (y menos en un Juzgado), así que el consejo básico es optar directamente por los modelos WiFi+4G y después, en función de nuestras necesidades, contratar la conexión de datos adecuada.

La gama WiFi+4G del nuevo iPad viene integrada por 3 modelos, cuya única diferencia a nivel hardware es la memoria de almacenamiento (16, 32 y 64GB respectivamente) sufriendo un incremento lineal, que no proporcional, del precio de adquisición. De esta forma, a día de hoy nos encontramos con un precio final (IVA incluido) de 599,00€ para el de 16GB, de 699,00€ para el de 32GB y de 799,00€ para el de 64GB.

Si eres un profesional que trabaja por cuenta propia, tratándose de la adquisición de un elemento patrimonial afecto a una actividad económica (para uso profesional), el IVA sería directamente deducible en el trimestre de la adquisición, así que para adoptar la decisión nos interesa considerar los precios sin IVA, que serían de 507,63€ para el de 16GB, de 592,37€ para el de 32GB y de 677,12€ para el de 64GB.

Lo primero que yo haría es descartar el modelo de 16GB, ya que todos los expertos coinciden en que se queda corto frente al constatado crecimiento en tamaño de las aplicaciones adaptadas a la “resolución retina” del nuevo iPad. Ello se debe a que la nueva pantalla duplica la resolución y cuadriplica el número de pixeles respecto a la generación anterior, lo que obliga a los desarrolladores a aumentar el tamaño de los gráficos —y con ello el peso de las aplicaciones— si quieren aprovechar el aspecto visual.

Nos quedan dos modelos en la balanza y a priori, la diferencia económica de pasar del modelo 32GB al modelo 64GB, a estos niveles de precio, podría calificarse de “no disuasoria” (+84,75€).

Sin embargo la normativa fiscal añade el siguiente factor: el modelo de 32GB, con un precio de 592,37€, puede amortizarse libremente de una sola vez (pues su valor unitario no excede del techo legal de los 601,01€), sin embargo, el modelo de 64GB al superar dicho techo legal, tendrá que amortizarse en al menos cuatro años. Esa circunstancia, que implica por un lado diferir la deducción del gasto durante cuatro ejercicios y por otra, cargarse con la obligación formal de apuntar y controlar la amortización en el correspondiente libro, hace que me decante definitivamente por el modelo de 32GB.

Así que mi conclusión es que, considerando todos los factores, el modelo de iPad “ideal” para profesionales es el WiFi+4G de 32GB, lo compras, lo amortizas de una sóla vez, deduces el IVA y te olvidas...

La Sentencia de Garzón está por todas partes. Prácticamente a los pocos minutos de que el propio interesado fuera notificado de forma personal de su contenido, la Sentencia comenzaba a correr por los medios de comunicación y a difundirse de forma vírica por las redes sociales. Pero no se trataba de una mera transcripción, ni de la versión “depurada” por el CENDO, tampoco era un sencillo escaneo de la original; lo que teníamos delante de nuestros ojos era la propia fuente: un archivo PDF completo, recién salido del ordenador en el que había sido elaborada y sin filtración o, mejor dicho, sin disociación alguna de datos personales.

En definitiva, España entera (y resto del planeta Tierra) había recibido al mismo tiempo que el condenado, por un medio que funciona mucho mejor que el lexnet, la notificación de la Sentencia, como si el colectivo humano ostentase la condición de parte a efectos procesales.

Siguiendo en Twitter nuestra lista de periodistas de tribunales, gracias a Daniel Campos @danicamposd supimos de primera mano, a las 13:57 horas, que Garzón había sido condenado y que poco después, a las 14:02 horas, salía del Supremo con gesto serio, tras haber recibido la noticia directamente de los Magistrados de la Sala 2ª. Un tweet de Cristina Jover @JoverCristina nos daba la pista para encontrar la Sentencia, que a las 14:21 horas había sido tweeteada por el diario el Mundo y, poco después, publicada en las webs de casi todos los periódicos.

Analicemos en plan amateur los metadatos del archivo PDF colgado por el Mundo:

  • El texto original ha sido redactado desde la aplicación WRITER de la suite Open Office 3.0, eso ya arroja un dato objetivo: en el Supremo usan software de código abierto. Un punto positivo para el Supremo a efectos de “economía”, pero quizás un punto negativo a efectos de “seguridad”.
  • El PDF, de 69 páginas, está creado el 09/02/2012, a las 14:13 horas, lo que implica que se creó apenas diez minutos después de la salida de Garzón y que salió como un misil hacia las redacciones de prensa, pues en menos de ocho minutos desde su creación ya estaba “colgada” en la web de algunos medios.
  • El “autor” del PDF es “GTOP00P02”, lo cual no dice demasiado, aunque podríamos deducir que se trata del Grupo de Trabajo de la Oficina Penal, Puesto 02, o algo similar…
  • La sección de “seguridad” asusta un poco: el PDF carece de toda protección, por tanto se permite todo, impresión, cambios, ensamblaje, copia, extracción, firma…; esto quiere decir que cualquiera que disponga del programa adecuado puede modificar a su gusto el documento.

Leer más...

Como decíamos hace algunos días, en el B.O.E. de 17 de Noviembre de 2011 fue publicado el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Posteriormente se publicó Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre -curiosamente de número y fecha anterior al primero- por el que se desarrolla la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar.

El Real Decreto 1620/2011 entró vigor el pasado 18 de Noviembre y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2012. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de su sede electrónica y de sus oficinas de información socio-laboral, tiene la obligación de facilitar a los empleadores y a los trabajadores cuanta información sea necesaria para la aplicación de la nueva normativa, incluyendo la puesta a disposición de modelos, en formato electrónico descargable o en papel, para el cumplimiento de las obligaciones formales y documentales contenidas en el mismo.

A día de hoy (14/12/2011) en la web del Ministerio ni siquiera se han enterado de que la nueva norma está en vigor, y de que se ha derogado la anterior regulación sobre la materia (el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto). Si se busca información, todo lo que encontramos es obsoleto y sigue igual que antes de la reforma. En fin, el periodo navideño se aproxima y el 1 de enero está a la vuelta de la esquina...

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