cajaregaloPREVIO.- EL MUNDO DE LAS CAJAS REGALO Y SU COMPLEJIDAD JURÍDICA

Salvo que hayáis pasado el mes de diciembre metidos en una cueva, seréis conscientes de que el pasado año las cajas regalo o "packs de experiencias" estaban por todas partes. Se trata de un producto que trata de ofrecer una alternativa fácil al "no sé qué regalar" y que, en buena lógica, tiene su apogeo de ventas en el periodo navideño.

Tras un producto aparentemente simple se oculta una relación jurídica de gran complejidad, pues en la operativa se integran varias relaciones sucesivas. Podría definirse como la contratación, a través de un intermediario y bajo la modalidad de prepago, de la futura prestación de un servicio que, normalmente y por las especiales características del producto, ha de recibir un tercero distinto al que paga el precio y que a su vez será prestado por otro tercero, que no entra en juego hasta la última fase del contrato.

La prestación a su vez está sometida a una condición suspensiva —el derecho al efectivo disfrute no nace hasta que el beneficiario de la prestación decide cuál será el establecimiento prestador del servicio y dicho establecimiento acepta— y también está sometida a una condición extintiva, pues existe una fecha límite o de caducidad para hacer uso del cupón.

En consecuencia y analizada desde su conjunto, pueden existir hasta cinco "implicados" en la relación jurídica: (1) el proveedor de la caja o cupón, (2) el vendedor, (3) el comprador, (4) el beneficiario de la prestación y (5) el establecimiento prestador del servicio. En ocasiones el 1 y el 2 pueden coincidir, por ejemplo al comprar directamente el producto en la página web del proveedor, en otras el 3 y el 4 también coinciden y lo más curioso es que el prestador final del servicio, el 5, ni siquiera sabe que lo es hasta que el destinatario del regalo decide elegirlo de entre los que figuran en un catálogo y, en caso de disponibilidad, bien entre ambos bien con la intermediación de 1, pactan el tiempo y lugar en que tendrá lugar la prestación.

En definitiva, se trata de un contrato apasionante, dónde el abanico de acciones jurídicas es amplio y, ante eventuales incumplimientos o reclamaciones, surgen dudas de legitimación procesal en cada rincón. El sueño de un abogado procesalista y la pesadilla de un estudiante de Derecho.

Pero hoy no vamos a desarrollar ese estudio, hablaremos de lo que no se ve en los expositores de cajas regalo: la cruenta guerra comercial que se desarrolla entre bastidores.

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL

Nos adentraremos en el mundo del procedimiento de Medidas Cautelares, analizando un reciente Auto, de enero del 2012, dictado por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Madrid en materia de Competencia Desleal y que resuelve una solicitud de medidas inaudita parte, efectuada por una empresa a la que llamaremos "CAJAS VERDES" contra otra a la que llamaremos "CAJAS ROJAS".

Os adelanto el párrafo más significativo para que valoréis lo caliente que estaba el asunto y, en definitiva, decidáis si queréis seguir leyendo:

[...] Por consiguiente, la única conclusión que puede alcanzarse a la vista de las consideraciones precedentes es que la actora ha deducido una solicitud de medidas cautelares en la inmediatez de la campana navideña con la única y exclusiva finalidad de expulsar del mercado un producto competidor, amparándose además en una pretendida urgencia para lograr que tan extrema medida fuera acordada sin una mínima contradicción ni audiencia de la demandada.

El procedimiento de Medidas Cautelares viene regulado en los artículos 721 y siguientes de la LEC. Todo actor, principal o reconvencional, puede solicitar del tribunal la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare. El artículo 726 del mismo cuerpo legal faculta al Tribunal para acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, siempre que la misma: a) sea exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente; y b) no sea susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.

Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado (art. 733.1 LEC), si bien cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

En el caso que nos ocupa, CAJAS VERDES, con ofrecimiento de la pertinente caución, interpuso contra CAJAS ROJAS solicitud de medidas cautelares, anteriores a la demanda, para su tramitación inaudita parte. Por fortuna, el Juez no admitió esta vía directa.

Las medidas solicitadas consistían en: a) el inmediato cese temporal en la promoción y venta en el mercado español de dos concretos productos; b) la inmediata retirada temporal del mercado español de los citados productos; c) la inmediata retención y depósito temporal de los citados productos a costa de CAJAS ROJAS; y d) la inmediata retirada temporal del mercado español de todo material promocional en formato papel o en Internet donde se publiciten los citados productos.

Concurriendo así el ofrecimiento de caución, en forma y cuantía que el Juzgado consideró acomodada a las exigencias legales, la adopción de las medidas cautelares solicitadas exigía la verificación de la concurrencia de los tradicionales requisitos del periculum in mora o peligro por la mora procesal y fumus boni iuris o apariencia de un buen derecho, enunciados en el artículo 728 de la LEC.

En cuanto al primero de los dos requisitos mencionados, es reiterada la jurisprudencia que viene afirmando la inherencia o consustancialidad del periculum in mora cuando se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas conductas, puesto que con aquéllas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, "prima facie" se presenta como antijurídica y que por tanto se agrave el daño que se está causando, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante" (así viene expresado por ejemplo en AAP de Madrid de 24 de abril de 2009, con remisión a otras resoluciones anteriores (autos de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 septiembre de 2005 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de mayo de 2007, de 24 de enero de 2008 y de 31 de octubre de 2008).

La siguiente cita literal es muy importante, porque el Juzgado Mercantil Nº 1 de Madrid viene a establecer la doctrina de que en la reclamaciones sobre competencia desleal se presume el periculum in mora:

[...] El carácter consustancial del peligro por la mora procesal obviamente concurre en las reclamaciones fundadas en la normativa de competencia desleal como la presente en las que se pretende, con carácter cautelar, el cese en la promoción y comercialización de determinados productos, así como la retención y depósito de los mismos. Pues en efecto, el mantenimiento de la situación de facto durante la pendencia del litigio permitiría la consumación del ilícito y la completa realización por el demandado del beneficio económico derivado de la conducta desleal, privando de sentido la tutela de fondo que pueda impetrarse. En consecuencia, sin necesidad de apelar a las especiales circunstancias del mercado propias de la proximidad con las festividades navideñas que se exponen en el escrito solicitud, podemos concluir que concurre el primero de los requisitos exigidos para la concesión de las medidas cautelares solicitadas.

Ciertamente, tal consideración jurídica implicaría que, en materia de competencia desleal y a efectos de medidas cautelares, operaría como presunción la concurrencia del requisito básico y al mismo tiempo se produciría la inversión en el principio básico de carga de la prueba, no correspondiendo al solicitante acreditar el peligro de mora, sino al demandado acreditar su inexistencia.

Por tanto la estimación o, en su caso, desestimación de las medidas en materia de competencia desleal dependería casi en exclusiva de la concurrencia del fumus boni iuris o apariencia de un buen derecho.

Prosigamos con nuestro caso práctico y veamos la ratio decidendi del Juzgado Mercantil.

[...] No puede afirmarse por contra que concurra el segundo requisito, que es la apariencia de buen derecho. El actor invoca como precepto supuestamente infringido el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal, que viene referido a los actos de engaño. El citado artículo reputa desleal por engañosa "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: (...) b. Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio; (...) e. El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.

En el presente caso, la solicitud de medidas cautelares de CAJAS VERDES defendía la aplicabilidad del artículo 5 a la información impresa en dos de los productos comercializado por CAJAS ROJAS, información referida a un potencial descuento "máximo" en caso de que el beneficiario de la prestación decidiera ampliar el periodo del servicio más allá de lo previsto en el cupón (contratación de "noches adicionales"). Se afirmaba por CAJAS VERDES que la afirmación del descuento era falsa, lo que a su criterio entrañaría la flagrante comisión de un ilícito de deslealtad que justificaría la adopción de las medidas cautelares. La conclusión del Juez Mercantil fue la siguiente:

[...] Pues bien tras un examen de las pruebas practicadas, el actor no ha acreditado que, siquiera a título indiciario concurran los requisitos para la apreciación del ilícito que se afirma.

En efecto, ya de entrada debe subrayarse que no toda información falsa o susceptible de inducir a error difundida en el mercado se reputa un acto de competencia desleal: es necesario que la misma pueda ser susceptible de alterar el comportamiento económico. En el presente caso, nos encontramos con que, en caso de ser cierta la falsedad afirmada, afectaría a una característica absolutamente accesoria o tangencial de un producto ideado con la finalidad de ser adquirido como regalo para un tercero. En los artículos de esta naturaleza, parece obvio que lo esencial y determinante de la decisión económica no es aquello que el tercero beneficiario del regalo pueda obtener efectuando a su vez un nuevo dispendio, sino exclusivamente el contenido objetivo de la prestación o ventaja que se traslada de forma automática o inmediata a la esfera patrimonial de dicho tercero, sin necesidad de que el mismo realice nuevos desembolsos.

[...] El demandante no afirma que la pernoctación y demás prestaciones hoteleras que principalmente constituyen el objeto de la caja regalo no respondan a lo anunciado, sino que existe una discrepancia en la posibilidad de que el beneficiario de la caja obtenga a su vez un descuento si decide prolongar su estancia en el establecimiento en cuestión. Téngase en cuenta que la decisión de acceder a las noches adicionales exige de un acto volitivo de una persona distinta de la que realiza la adquisición, por lo que la posibilidad de que el adquiriente de la caja oriente su decisión de compra en función de las hipotéticas e inciertas decisiones de contratar noches adicionales que pueda adoptar el perceptor del regalo se nos antojan tan remotas que sitúan al engaño, en caso de existir, fuera del ámbito del enunciado de la norma.

Ello explica que no se haya invocado ni resulte aplicable ninguno de los supuestos de falsedad que a título ejemplificativo se enumeran en el art. 5: en efecto, la información cuestionada ni viene referida a " las características principales del bien" en los términos del punto b del citado precepto, tampoco puede subsumirse en "la existencia de una ventaja específica con respecto al precio", pues no es propiamente el precio de la caja el que se ve afectado por la información sino el precio que, no ya el comprador, sino el beneficiario de la caja regalo debería abonar en un establecimiento hotelero en el hipotético caso de que decidiera hacer pernoctaciones adicionales.

Hay diversos puntos doctrinalmente importantes en el anterior extracto, pues, como es de ver, el Juzgado Mercantil se adentra en las profundidades de la relación jurídica y de las figuras intervinientes en la misma. Nos quedamos con uno de esos puntos: se trata de un "producto ideado con la finalidad de ser adquirido como regalo para un tercero, donde lo esencial y determinante de la decisión económica no es aquello que el tercero beneficiario del regalo pueda obtener efectuando a su vez un nuevo dispendio, sino exclusivamente el contenido objetivo de la prestación."

Para terminar el caso, diremos que, además de las consideraciones doctrinales, tampoco quedó acreditado ningún atisbo de falsedad, como indica el Juzgador al afirmar que:

[...] Hechas las anteriores consideraciones, la pretensión indiciaria de deslealtad ya debería decaer. Sin embargo, examinando el ingente material probatorio documental prestado hemos de concluir que ni siquiera se ha podido acreditar la real existencia de la falsedad de la información impresa en las cajas regalo cuestionadas, en su dimensión puramente fáctica.

El final de la historia ya lo habréis deducido, pues como adelantábamos en el primer extracto, "la única conclusión que puede alcanzarse... es que la actora ha deducido una solicitud de medidas cautelares en la inmediatez de la campana navideña con la única y exclusiva finalidad de expulsar del mercado un producto competidor, amparándose además en una pretendida urgencia para lograr que tan extrema medida fuera acordada sin una mínima contradicción ni audiencia de la demandada", con lo que el comportamiento procesal, que roza la temeridad, no podía ser otro:

"ACUERDO: DESESTIMAR íntegramente la solicitud de medidas cautelares presentada por CAJAS VERDES contra CAJAS ROJAS, con expresa imposición de costas al demandante."

Espero que la exposición no haya resultado excesivamente farragosa o aburrida.

FJ.Rubio

XceptioBanner

blogosfera

•  TOP 5 POR NÚMERO DE CLICKS  

——————————————

——————————————

•  VER TODOS LOS BLOGS  

TWPROCESALISTAS 2x