Ha pasado mucho tiempo desde mi último artículo… es lo que tiene el exceso de papel, de calor y, sobre todo, la sobrestimación de la capacidad propia a la hora de establecer grandes propósitos (ir regularmente al gimnasio sin haberse siquiera apuntado, aprender idiomas mientras duermes, escribir al menos un artículo a la semana…)

Pero hay que recuperar el ritmo, con algo sencillo para que no se nos derrita el cerebro y hoy ha caído en mis manos una resolución que se presta a ello. Se trata de un Decreto que resuelve una impugnación de una tasación de costas, pero no la clásica impugnación por indebidas o excesivas que interpone el obligado al pago, sino la impugnación que puede interponer el propio favorecido por la condena en costas, cuando considera que no se han incluido en la tasación gastos debidamente justificados y reclamados.

245 | 3. La parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o en no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador.

El problema procesal es: ¿cuándo se considera que han sido debidamente justificados y reclamados y hasta cuándo podemos solicitar inclusión de partidas o facturas “olvidadas”?

Conforme al artículo 242.2 de la LEC, “La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame”. Por tanto, conforme al uso del tiempo imperativo, parece claro que todo lo que se quiera “tasar” en concepto de costas ha de acompañarse con la solicitud, constituyendo de esa forma un gasto debidamente justificado (si corresponde al proceso) y debidamente reclamado. El abogado, evidentemente, nunca se olvida de su acompañar su minuta —para eso pide la tasación— y el procurador tampoco olvida unir su nota de derechos. Ahora bien, qué sucedería cuándo tras haber presentado la solicitud de tasación nos apercibimos de que falta por aportar la minuta de un perito que ha actuado a instancia de nuestro cliente. La respuesta es… ¡¡¡CORRE ANTES DE QUE SEA TARDE!!!

En esos casos ha de tenerse muy en cuenta el artículo 244.2 de la LEC, a cuyo tenor, una vez acordado el traslado de la tasación a las partes, “no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda”. Por tanto si bien es factible aportar justificantes de conceptos tasables "olvidados", el tempus para su aportación queda fuera de control, pues el Juzgado no nos va a otorgar ningún plazo, no nos va a avisar con una diligencia de "eh... que voy a acordar el traslado", ni nuestro olvido es subsanable por la vía del 231 de la LEC: desde el momento en que el Secretario Judicial firme la diligencia de traslado de la tasación -lo cual suele producirse el mismo día en que tasa- nada podremos aportar, ya será demasiado tarde.

Efectivamente, el texto es tan duro como parece, desde el momento en que por el Tribunal se acuerde “el traslado” de la tasación a las partes (que no desde la notificación de ese traslado), al favorecido por la condena en costas ya no se le admitirá ninguna otra minuta o justificante.

Y la eventual impugnación de la tasación conforme al 245.3 tampoco nos llevará a nada, puesto que lo que aportemos con posterioridad al “acuerdo” de traslado de la tasación, por lógica, no pudo ser incluido en la tasación, no estaba debidamente justificado ni reclamado, no es motivo de impugnación.

Y eso es precisamente lo que viene a decir el Decreto que hoy traigo a colación, resolviendo un supuesto en el que el “favorecido” olvidó incluir en la solicitud de tasación la minuta de su perito, y si bien luego la aportó antes de que le notificasen el traslado de la tasación, lo hizo en fecha posterior a que dicho traslado hubiese sido acordado. Resultado, el cliente se come con patatas la factura de su perito = cliente nada contento.

El consejo que puede extraerse de todo esto es que no tengas prisa en solicitar la tasación, aun cuando el Tribunal te intime y requiera para que la solicites bajo pena de “archivo inmediato” de los autos (intimación habitual últimamente), o el procurador te la pida con intensidad, revisa bien el expediente para no olvidar nada, la celeridad le puede costar cara al cliente… e indirecta, o directamente al abogado.

cajaregaloPREVIO.- EL MUNDO DE LAS CAJAS REGALO Y SU COMPLEJIDAD JURÍDICA

Salvo que hayáis pasado el mes de diciembre metidos en una cueva, seréis conscientes de que el pasado año las cajas regalo o "packs de experiencias" estaban por todas partes. Se trata de un producto que trata de ofrecer una alternativa fácil al "no sé qué regalar" y que, en buena lógica, tiene su apogeo de ventas en el periodo navideño.

Tras un producto aparentemente simple se oculta una relación jurídica de gran complejidad, pues en la operativa se integran varias relaciones sucesivas. Podría definirse como la contratación, a través de un intermediario y bajo la modalidad de prepago, de la futura prestación de un servicio que, normalmente y por las especiales características del producto, ha de recibir un tercero distinto al que paga el precio y que a su vez será prestado por otro tercero, que no entra en juego hasta la última fase del contrato.

La prestación a su vez está sometida a una condición suspensiva —el derecho al efectivo disfrute no nace hasta que el beneficiario de la prestación decide cuál será el establecimiento prestador del servicio y dicho establecimiento acepta— y también está sometida a una condición extintiva, pues existe una fecha límite o de caducidad para hacer uso del cupón.

En consecuencia y analizada desde su conjunto, pueden existir hasta cinco "implicados" en la relación jurídica: (1) el proveedor de la caja o cupón, (2) el vendedor, (3) el comprador, (4) el beneficiario de la prestación y (5) el establecimiento prestador del servicio. En ocasiones el 1 y el 2 pueden coincidir, por ejemplo al comprar directamente el producto en la página web del proveedor, en otras el 3 y el 4 también coinciden y lo más curioso es que el prestador final del servicio, el 5, ni siquiera sabe que lo es hasta que el destinatario del regalo decide elegirlo de entre los que figuran en un catálogo y, en caso de disponibilidad, bien entre ambos bien con la intermediación de 1, pactan el tiempo y lugar en que tendrá lugar la prestación.

En definitiva, se trata de un contrato apasionante, dónde el abanico de acciones jurídicas es amplio y, ante eventuales incumplimientos o reclamaciones, surgen dudas de legitimación procesal en cada rincón. El sueño de un abogado procesalista y la pesadilla de un estudiante de Derecho.

Pero hoy no vamos a desarrollar ese estudio, hablaremos de lo que no se ve en los expositores de cajas regalo: la cruenta guerra comercial que se desarrolla entre bastidores.

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL

Nos adentraremos en el mundo del procedimiento de Medidas Cautelares, analizando un reciente Auto, de enero del 2012, dictado por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Madrid en materia de Competencia Desleal y que resuelve una solicitud de medidas inaudita parte, efectuada por una empresa a la que llamaremos "CAJAS VERDES" contra otra a la que llamaremos "CAJAS ROJAS".

Os adelanto el párrafo más significativo para que valoréis lo caliente que estaba el asunto y, en definitiva, decidáis si queréis seguir leyendo:

[...] Por consiguiente, la única conclusión que puede alcanzarse a la vista de las consideraciones precedentes es que la actora ha deducido una solicitud de medidas cautelares en la inmediatez de la campana navideña con la única y exclusiva finalidad de expulsar del mercado un producto competidor, amparándose además en una pretendida urgencia para lograr que tan extrema medida fuera acordada sin una mínima contradicción ni audiencia de la demandada.

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llaveTenía pendiente la continuación del artículo sobre el Desahucio Exprés publicado en noviembre. Lo cierto es que los hechos se han desarrollado a una velocidad absolutamente inesperada, pero no gracias a la nueva reforma de "agilización procesal", sino a la buena voluntad y colaboración de la parte demandada o, más concretamente, de su Letrada accidental, que ha facilitado la prosecución de un buen acuerdo para las dos partes y que, sin embargo, es posible que nada cobre por ello. Esta problemática también conocida como "trabajar de gratis" es lamentablemente habitual en el sector de la abogacía y necesitaría de un artículo independiente.

Pero volvamos al tema. La pregunta que nos va a hacer el potencial cliente "arrendador" es siempre la misma: ¿cuánto voy a tardar en recuperar el inmueble?. La respuesta habitual, hasta ahora, era decirle... entre seis meses y un año, dependiendo de la suerte que tengamos con el reparto. Pero ahora, la reforma de "agilización procesal" nos introduce en un mundo nuevo de fantasía y velocidad.

A efectos procesales, y para que os hagáis una idea del ritmo de un "desahucio exprés" en Madrid, vamos a ver como se han desarrollado los plazos:

  • El 22/11/2011 se presentó la demanda en Decanato, el día 26, gracias a la diligencia del Procurador, ya sabíamos a qué Juzgado de Primera Instancia había correspondido el conocimiento del asunto.
  • El 01/12/2011 el Secretario Judicial dictó Decreto, notificado el día 20/12/2011, por el que tuvo por presentada la demanda y fijó los hitos fundamentales del proceso. Veinte días es demasiado tiempo para una notificación vía procurador y puede provocar un importante retraso procesal en aquellos casos en que fuese necesario pedir correcciones o recurrir la resolución. En lo que ahora interesa, en el Decreto quedaron señalados los siguientes eventos procesales:
  1. El acto del Juicio, para caso de oposición del demandado, se señaló para el día 24/01/2012
  2. El acto del Lanzamiento, para caso de estimación de demanda, quedó señalado para el día 08/03/2012

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El 30 de Diciembre de 2011 el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, haciendo uso de la potestad que otorga el artículo 264.1 LOPJ, adoptó nuevo Acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal tras la reforma operada por la La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, dejando sin efecto el previamente adoptado el 12 de diciembre de 2000.

Este nuevo Acuerdo es expresión del parecer unánime de la Sala Primera del TS y tiene carácter orientador para la unificación de las prácticas procesales. Responde a una interpretación de la Ley 37/2011 tendente a conseguir que el recurso de casación cumpla sus fines constitucionales y no se transforme, como lo fue hace algunos años, en un instrumento de dilación indebida del proceso civil — con efectos negativos para la seguridad jurídica y la vida social y económica

La reforma ha convertido el recurso de casación por razón de la cuantía en una modalidad excepcional —ya que por este cauce sólo acceden asuntos que superen la barrera de los 600.000€— pero a cambio abre la vía del recurso de casación por razón de interés casacional a todos los asuntos —modalidad antes limitada a los asuntos tramitados específicamente por razón de la materia y no por la cuantía. Se admite así que pueda existir interés casacional, esto es, necesidad de unificación o fijación de la interpretación de la ley, en casi cualquier asunto.

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