boepapelEl «BOE» núm. 239, de 6 de octubre de 2015 publica dos importantes reformas de la ley procesal penal. La modificación impone a los jueces plazos para para la instrucción: un periodo ordinario de 6 meses instrucción en causas sencillas y de 18 meses en complejas, con posibles prórrogas hasta llegar a 36 meses. También se introducen medidas "cosméticas", terminológicamente el "imputado" pasa a denominarse inicialmente "investigado" y posteriormente "encausado" si se mantiene la acusación. Se introducen previsiones dirigidas a evitar el "efecto Rato", esto es, la difusión en los medios de imágenes de detenciones y traslados.

La entrada en vigor se producirá a los dos meses de su publicación en el BOE

Se incorporan también novedades relativas a la incomunicación de los detenidos, régimen del que quedan excluidos los menores de 16 años y que deberá ser justificado en auto, debiendo practicarse dos revisiones médicas al incomunicado cada 24 horas. Con respecto a investigación tecnológica, se crea la figura del agente encubierto en Internet, que podrá emplear identidad falsa. La interceptación de comunicaciones afectará ahora también a los nuevos medios, como WhatsApp, SMS y escuchas ambientales.

Como importante novedad procesal y de tutela judicial, se crea una segunda instancia penal, los Tribunales Superiores de Justicia tendrán facultad de revisar sentencias de las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional dispondrá de una Sala de Apelación para la segunda instancia de las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia.

boepapelEl «BOE» núm. 239, de 6 de octubre de 2015 publica una reforma de la ley procesal civil de importante calado, con objeto, entre otros, de generalizar y dar mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel, buscando una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de los procedimientos y ahorro de costes al Estado y a los ciudadanos . "Un nuevo concepto de Administración de Justicia" y "un paso más para mejorar el servicio público que constituye la misma".

Las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales deberán realizarse de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año. El correo electrónico y el número de teléfono se convierte en un medio válido para notificar a las partes, incluso se contempla el aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.

Al margen de los temas procesales, la Ley incluye importantísimas modificaciones de normas sustantivas:

  • Se modifica el Código Civil en materia de prescripción (DF primera): pasa de 15 a 5 años el plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan plazo especial.
  • Se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (DF tercera).
  • Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia (DF séptima).
  • Se contempla el acceso de los graduados sociales al “sistema representación técnica gratuita” (DF Undécima)

La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación, el 7 de octubre de 2015, con las salvedades siguientes:

  • La obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
  • El archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.
  • Las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

El «BOE» núm. 174, de 22 de julio de 2015 publica la reforma de la LOPJ. Atendiendo a su preámbulo la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la búsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español. A tal fin, la reforma, en un artículo único que contiene ciento dieciséis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses.

boepapelLey 19/2015, de 13 de julio

El «BOE» núm. 167, de 14 de julio de 2015 publica la nueva Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, cuyo objeto es la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y la tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones.

Por tanto en la nueva norma se modifican preceptos de La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil para incorporar las novedades.

Ahora bien, al margen de las modificaciones articuladas para cumplir con el objeto principal, se modifican otras normas -véanse Disposiciones Finales- como son el Código de Comercio, el Código Civil (art. 120), la Ley Hipotecaria, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Y, como de tapadillo, se establece en la Disposición final séptima el nuevo "Procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia".

Volviendo a la temática principal de la nueva ley, según el preámbulo las ventajas de la subasta electrónica frente a la presencial son muy importantes porque ésta última adolece de serios inconvenientes como la falta de publicidad, ya que las subastas se anuncian escasamente y su limitada difusión dificulta enormemente la concurrencia, lo que genera, a su vez, una escasa participación. También destaca la limitación de acceso de la subasta presencial, lo que complica la participación a los que concurran en persona o representados, en su caso, al obligarles a estar en un lugar, día y hora determinados. Se ha subrayado también la rigidez del procedimiento de la subasta presencial pues adolece de un rigor formalista hoy superado. La subasta electrónica tiene hoy innumerables ventajas, pues permite multiplicar la publicidad de los procedimientos, facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien y, lo más importante, pujar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que genera un sistema más eficiente para todos los afectados.

La segunda parte de la Ley tiene por objeto la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Con esta modificación legal se pretende que, a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, la inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios, a modo de «ventanilla única» donde los padres, asistidos por los facultativos que hubieran asistido al parto, firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el parte facultativo acreditativo del nacimiento, que se remitirá telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil, amparado con el certificado reconocido de firma electrónica del facultativo. No será necesario, por tanto, acudir personalmente a la Oficina de Registro Civil para realizar la inscripción del nacido. Ello conlleva la modificación del Código Civil, así como de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

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